El nuevo contrato de suministro que licitará el Consistorio, valorado en 125 millones de euros, incluirá la exigencia de que toda la energía suministrada sea de origen verde
La Ciudad Condal se suma a otras grandes capitales que han incluido este requisito en sus suministros, como Madrid, Zaragoza, Alicante o Cádiz
Será un “acuerdo marco de transición” hasta la creación de su propia comercializadora en 2018 e incluirá medidas contra la pobreza energética, según fuentes municipales
Como acaban de hacer Madrid y Cádiz, y antes Zaragoza y Alicante, el Ayuntamiento de Barcelona también exigirá que el 100% de la electricidad consumida por el consistorio sea de origen renovable.
El Ayuntamiento barcelonés sacará a concurso en breve un acuerdo marco de suministro de electricidad para el consistorio y otros organismos asociados que incluirá esta exigencia, confirman fuentes municipales, que explican que el pliego de condiciones del contrato será analizado la semana que viene por la Comisión de Presidencia del consistorio.
En él, además de esta exigencia, se incluirán cláusulas específicas que palíen los efectos de la pobreza energética. Las mismas fuentes señalan que este “va a ser un acuerdo marco de transición” hasta la puesta en funcionamiento, prevista para el otoño de 2018, de una comercializadora municipal de titularidad pública, que estaba recogida en el programa electoral con el que Ada Colau ganó las elecciones de mayo de 2015.
El nuevo contrato está valorado en 125 millones de euros, sin incluir el IVA, y se dividirá en varios lotes, según el anuncio previo publicado en el Diario Oficial de la Comisión Europea el pasado 17 de diciembre. El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros dos años, y se dividirá en varios lotes. Uno de ellos incluirá el “suministro eléctrico en baja tensión en edificios/instalaciones que dispongan de sistemas de producción de energía fotovoltaica”. Previsiblemente, el anuncio de licitación se publicará la semana que viene.
La empresa que actualmente presta el servicio de suministro eléctrico al Ayuntamiento de Barcelona es Endesa, que tiene el monopolio de la distribución en Catalunya. El contrato vigente, que es anterior a la llegada de Colau a la alcaldía (de 2013), ya incluía algunas medidas de fomento de las energías renovables, pero no esa exigencia de electricidad verde.
Cada vez más municipios
Con este contrato, las dos mayores ciudades de España van a apostar por contratar electricidad de origen 100% renovable con comercializadoras que tienen certificada su producción como limpia por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través de un sistema de garantía de origen. En los dos últimos dos años se han sumado a esta tendencia centenares de municipios. Y en breve va a ser una realidad en las dos ciudades más pobladas de España.
El salto cualitativo en esta transición energética ha llegado con Madrid (3,1 millones de habitantes), que el pasado 30 de diciembre anunció que a partir de este mes todos sus edificios municipales (oficinas, colegios, centros culturales, de mayores, de servicios sociales y deportivos, bibliotecas, escuelas infantiles, las sedes de la Policía Municipal, SAMUR y Bomberos…) funcionan con energía eléctrica 100% de origen renovable, en virtud de un acuerdo con Endesa, que ya era su suministrador. El consistorio madrileño ha prorrogado el contrato con la eléctrica incluyendo esta cláusula.
Otro ejemplo es Cádiz (120.468 habitantes), desde el 1 de enero de 2016. La particularidad en este caso es que el suministro lo presta Eléctrica de Cádiz, comercializadora y distribuidora de la que el consistorio es principal accionista con el 55% (otro 33,5% es de Endesa y el 11,2% restante, de Unicaja).
“Con datos de 2015, nos convierte en la mayor comercializadora nacional por número de usuarios que vende energía 100% renovable”, señalaba hace unos días David Navarro, presidente de la empresa municipal y concejal de Economía y Hacienda del ayuntamiento gaditano, al anunciar que la energía que suministra la compañía es 100% verde.
A diferencia de lo que ocurre con los consumidores domésticos, que para exigir 100% de energía verde tienen que acudir a un contrato en el mercado libre más caro que el regulado del previo voluntario al pequeño consumidor (PVPC), para la Administración optar por este tipo de cláusulas no implica un sobreprecio, dado su mayor poder de negociación con la comercializadora.
Vía: El diario .es
